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Las empresas deberán blindar con ciberseguridad los sistemas de registro de jornada laboral

Introducción

El Gobierno de España ultima una nueva regulación que obligará a las empresas a reforzar la protección y fiabilidad de los sistemas de registro de jornada laboral, incluyendo tanto las horas ordinarias como las extraordinarias. Este movimiento normativo, motivado por las crecientes vulnerabilidades detectadas en los actuales métodos de control horario y por la necesidad de garantizar la desconexión digital, introduce un nuevo frente en la gestión de la ciberseguridad corporativa. El cumplimiento de esta normativa no solo será una cuestión legal, sino también un imperativo para evitar fraudes, manipulaciones y sanciones derivadas de incidentes de seguridad en los registros de tiempo.

Contexto del Incidente o Vulnerabilidad

La digitalización del control horario, impulsada por el Real Decreto-ley 8/2019 y ahora reforzada por el nuevo proyecto legal, ha llevado a miles de empresas españolas a implantar sistemas electrónicos para registrar la jornada laboral de sus empleados. Sin embargo, numerosos informes técnicos y auditorías internas han evidenciado deficiencias significativas en la protección de estos sistemas: falta de cifrado, registros alterables, ausencia de logs auditables y exposición a accesos no autorizados. La reciente Encuesta de Población Activa (EPA) señala que cerca del 30% de los empleados realiza horas extraordinarias no reflejadas en los sistemas oficiales, lo que pone en entredicho la integridad y disponibilidad de los datos almacenados.

Detalles Técnicos

La nueva regulación exigirá que los sistemas de registro cumplan con estrictos criterios de ciberseguridad y trazabilidad. Entre los vectores de ataque detectados destacan:

– Manipulación de registros vía vulnerabilidades en aplicaciones web (CVE-2023-34527, CVE-2023-27350), permitiendo modificar o eliminar entradas de tiempo.
– Ataques de escalada de privilegios mediante explotación de configuraciones inseguras en servidores Windows y Linux.
– Uso de frameworks de post-explotación como Cobalt Strike y Metasploit para persistencia y movimiento lateral dentro de la red corporativa.
– Suplantación de identidad mediante ataques de phishing dirigidos a administradores de sistemas de registro horario.
– Empleo de técnicas MITRE ATT&CK, especialmente T1078 (Valid Accounts), T1566 (Phishing) y T1005 (Data from Local System).

Indicadores de compromiso (IoC) frecuentemente asociados incluyen la modificación no autorizada de logs, la creación de cuentas privilegiadas fuera de horario laboral y la presencia de backdoors en aplicaciones de terceros dedicadas al ‘fichaje’ digital.

Impacto y Riesgos

El impacto de una brecha en estos sistemas es doble. Por un lado, existe el riesgo de fraude interno —empleados o administradores que manipulan registros para añadir o eliminar horas trabajadas—, lo que puede derivar en sanciones administrativas y conflictos laborales. Por otro, está el riesgo legal y reputacional ante el incumplimiento del RGPD y la futura NIS2, ya que los registros de jornada laboral pueden contener información personal y sensible. Según estimaciones del INCIBE, el 43% de las pymes españolas no dispone de medidas de protección básicas en sus sistemas de control horario, lo que les expone a multas que pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual en caso de incumplimiento de la normativa de protección de datos.

Medidas de Mitigación y Recomendaciones

Para abordar estos riesgos, la nueva normativa obligará a las empresas a:

– Implementar cifrado de extremo a extremo en la captura, transmisión y almacenamiento de los registros.
– Garantizar la inmutabilidad de los logs mediante tecnologías como blockchain o almacenamiento WORM (Write Once Read Many).
– Integrar sistemas de autenticación multifactor (MFA) para el acceso administrativo y de usuarios.
– Monitorizar en tiempo real los registros de acceso y las modificaciones mediante SIEMs avanzados, con correlación de eventos e alertas automáticas.
– Realizar auditorías periódicas internas y externas sobre los sistemas de control horario.
– Mantener actualizados los sistemas, aplicando parches contra vulnerabilidades conocidas y deshabilitando servicios innecesarios.

Opinión de Expertos

Expertos en ciberseguridad laboral, como Javier Candau (CCN-CERT), subrayan que “la integridad y auditabilidad de los registros de jornada es crítica para proteger tanto los derechos laborales como los intereses de la empresa”. Por su parte, consultores de cumplimiento normativo advierten que la nueva regulación “establecerá un estándar mínimo de seguridad, equiparando el control horario a otros sistemas críticos sujetos a la NIS2 y el RGPD”. Desde el sector legal, se recuerda que la responsabilidad por manipulación o pérdidas de registros recaerá sobre la dirección de la empresa, independientemente de que se subcontraten servicios tecnológicos.

Implicaciones para Empresas y Usuarios

Las empresas deberán invertir en la actualización tecnológica y la capacitación de su personal de IT y RRHH para cumplir con los nuevos requisitos. Se prevé un aumento de la demanda de soluciones certificadas y de consultoría especializada en ciberseguridad laboral. Para los usuarios, la regulación puede suponer una mayor transparencia y fiabilidad sobre sus horarios y descansos, aunque también plantea retos en materia de privacidad y gestión de datos personales. Las sanciones por incumplimiento, tanto por parte de la AEPD como de la Inspección de Trabajo, serán significativamente más severas tras la entrada en vigor de la nueva ley.

Conclusiones

La inminente normativa sobre registros de jornada laboral en España marca un antes y un después en la responsabilidad de las empresas respecto a la protección de estos sistemas. La ciberseguridad deja de ser opcional para convertirse en un requisito legal y operativo, con consecuencias directas sobre la gestión de recursos humanos, el cumplimiento normativo y la reputación corporativa. Las organizaciones deben anticiparse, auditar sus sistemas y adoptar un enfoque proactivo para mitigar riesgos y evitar sanciones.

(Fuente: www.cybersecuritynews.es)